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domingo, 6 de abril de 2008

Euclides Gutiérrez Félix tiene una “nominilla” distribuye entre 300 y 400 mil pesos al mes.

POR Sara Pérez

READING, PA.- Euclides Gutiérrez Félix, dirigente del PLD, en premio a lo cual es director de la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana, declaró en el programa Uno + Uno, que dirige Juan Bolívar Díaz, que él tiene una “nominilla” en la dependencia estatal bajo su imperio, mediante la cual distribuye lo que él dice que son entre 300 y 400 mil pesos al mes.

Defendiendo las prácticas del clientelismo político, que tanto daño han hecho y hacen al país y mediante las que los partidos en el gobierno, constituidos en asociaciones de malhechores, sustraen el dinero del Estado para pagar las simpatías, aplausos, votos y babas de gente reducida por sus caritativos benefactores a la condición de parásitos, el funcionario explicó que tiene una nómina de “ayuda” para personas sin trabajo, (léase botellas de su partido) y para quienes que él llamó “personalidades importantes del país”.

A los agraciados los seleccionó según sus ganas y caprichos, para que vivan de la caridad gubernamental, repartida desde una institución del gobierno, en la que se supone trabaja por el buen funcionamiento de los seguros dentro de las políticas financieras del país y no haciendo donativos con dinero que no es suyo, ni está destinado a esos fines.

El caso está lejos de ser por sí mismo el más relevante, ya que el presidente Fernández distribuye el tipo de cargo que ostenta Euclides, entre personajes a los que él no quiere darles mucha preeminencia, pero a los que hay que mantener entretenidos en pequeños feudos , sin soltar demasiada soga. Eso, bajo el principio de que a los enemigos hay que tenerlos cerca, para vigilarlos mejor.

A pesar de lo limitado del muestreo, se trata de un buen botón, representativo de lo que mostró y probó y denunció Nuria Piera en su programa, con los peledeístas repartiéndose los recursos públicos como dulces de una piñata y de la clase de conceptos y mayúsculos desórdenes y descontroles que priman en la administración pública, empezados por los presentes en los discursos y ejecutorias del presidente Fernández, cuyas reparticiones de prebendas y sobornos en medio de la actual campaña, son una inundación equiparable al catastrófico desagüe de la presa de Tavera, símbolo de la ineptitud de su gobierno y episodio que a pesar de lo reciente, doloroso y dramático, ya nadie habla.

Hace unos días, coincidiendo con Euclides y bajo argumentos similares, Fernández justificaba sus botellas y el mismo PLD, como organización política, ha tenido el descaro de defender las nominillas sustentadas con fondos públicos, apelando a la prerrogativa presidencial para hacer nombramientos, sin reparar en que la misma es para hacer los nombramientos necesarios de personal calificado que garantice el buen funcionamiento del Estado.

Ni el presidente ni Euclides, ni nadie, tiene derecho a hacer nombramientos con fines electoreros y como premios políticos, en desmedro del bienestar y la institucionalidad del país.

Cualquier gobernante o funcionario que justifique las botellas con las precariedades y miserias de su pueblo, está admitiendo su ineptitud en la implementación de las iniciativas y reformas pertinentes para que la gente, (gente en sentido general y en igualdad de condiciones, no grupos privilegiados por nepotismos, tráficos de influencias y deudas políticas), pueda integrarse dignamente al sector productivo y pueda vivir sin andar vivaqueando políticos corruptos, sin integridad y sin formación social ni política para entender que un Estado no puede funcionar como un colmadón de esquina.

¿Para qué creerán ellos que sirve un gobierno? ¿Alguna vez habrán oído mencionar la palabra institucionalidad?

¿Quién le dijo a Euclides, al presidente Fernández o a quien sea, que ellos tienen potestad para agraciar turbas de botellas ni de las verdaderamente menesterosas a las que sobornan dándoles favores a cambio de los derechos, dignidad y justicia que les quitan ni de las que andan por las oficinas públicas como si fueran cepillos de iglesia, reclamando tributos cuya justificación y destino nadie fiscaliza, ni de las que acumulan fortunas con múltiples salarios fastuosos?

¿Quién le ha dicho a esos políticos retrasados, que ellos tiene potestad para decidir alegremente cuáles “personalidades importantes” deben mantenerse con fondos del Estado, a través de la nómina de la Superintendencia de Seguros o de cualquier otra institución del Estado? ¿Cómo es que esta gente, que preside un gobierno alegadamente democrático y en un estado de derecho, no se ha enterado de que todos los ciudadanos de un país son “personalidades importantes” para los funcionarios públicos que son sus empleados y deben representar a la población, desde el más humilde de sus integrantes hasta el más encumbrado? ¿Con qué derecho hacen discriminaciones que descalifican a la mayoría y privilegian a sus conmilitones?

¿Cuáles son sus nociones de ética en la administración pública? ¿Cómo se creerán que se desarrolla un país? ¿Hasta dónde van a llegar la decrepitud ética en la administración pública? ¿Hasta dónde va a llegar la tolerancia, la ceguera y los paños tibios ante estos gobiernos crónicamente infuncionales, incapaces de corregirse y reivindicarse un poco a sí mismos? ¿Hasta cuándo pretenderán que un cargo público es un cheque en blanco? ¿Qué demonios es lo que esta gente se cree?

cleo264@yahoo.com

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