Maria Clara Ospina*
Bogotá (AIPE)- La opinión internacional tiene parte de la culpa del asesinato de los once diputados del Valle de Cauca. Su indecisión, su poca comprensión del problema colombiano, su crítica constante y muchas veces inmerecida contra el gobierno y el ejercito de Colombia, y su increíble silencio ante la mayoría abusos de la guerrilla son causantes de que los terroristas de las FARC se atrevan a actuar con la impunidad que lo hacen.
La comunidad europea, y en algunas oportunidades también la norteamericana, ha hecho solo tímidos esfuerzos por condenar abusos contra los derechos humanos perpetuados por la narcoguerrilla. Casi nada se ha oído contra el reclutamiento, entrenamiento y utilización, como combatientes de primera línea, de niños y niñas menores de 15 años. Pocos se han manifestado contra los ataques a poblaciones civiles, algunas de ellas masacradas a bala o machete o quemadas con cilindros de gas disparados a distancia. Y pocas y tardías condenas han hecho contra el secuestro constante de civiles para ser canjeados por dinero o para obtener concesiones del gobierno.
Por años, Colombia ha buscado la condena internacional de estos hechos y ha obtenido solo una pálida respuesta. Fue difícil que se incluyeran a las FARC en la lista de organizaciones terroristas y aún son varios los países y organizaciones europeas que apoyan estos grupos dándoles tanta o más credibilidad que al gobierno. Reciben a sus enviados como “luchadores por el cambio social”, ignorando su actuación como terroristas y narcotraficantes.
Tal vez, el mundo desconoce las escalofriantes cifras del secuestro en Colombia. Según la Fundación País Libre, durante los últimos 10 años, en Colombia han sido secuestradas 23.144 personas y 1.254 de ellas han sido asesinadas en cautiverio.
Solo desde el secuestro de Ingrid Betancourt, ciudadana colombo-francesa, Francia ha tomado conciencia y ha hecho esfuerzos serios en lo referente a este crimen de lesa humanidad. De igual manera, otras naciones, en años recientes, han ofrecido su colaboración en las negociaciones y se han ofrecido como garantes en un proceso de paz. Pero no se escucha una condena enérgica y “con dientes” contra las FARC. Tal vez, este horrendo genocidio político de los diputados colombianos se hubiera podido evitar si la comunidad internacional actuara de otra manera.
___* Analista colombiana.
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