Bienvenido ALvarez Vega se pregunta: ¿Por qué será que no entregan esos planos?

¿Por qué será que no entregan esos planos?
BIENVENIDO ALVAREZ-VEGA

Yo no he sido muy entusiasta con la nueva Ley de Acceso a la Información. Mi actitud la he fundamentado en dos razones, incluso en algunas reuniones auspiciadas por quienes en el país promueven esta nueva iniciativa legal.

Una razón es de rechazo a la tendencia muy dominicana de encarar los problemas con nuevas legislaciones. Se cree que con nuevas leyes la realidad cambiará. Pero no ocurre así porque la llamada “clase política” dominicana en el poder –desde el gobierno y desde la oposición con representación— suele endosar leyes solo para cumplir formalidades, pero con la clara intención de no ejecutarlas.

La segunda razón tiene que ver con que desde mi punto de vista el acceso a las fuentes informativas está consagrado en la Constitución de la República y en tratados y convenios suscritos por el país que tienen, según nuestro ordenamiento jurídico, carácter constitucional. Por consiguiente, razonaba que bastaba con cumplir la Constitución y esos convenios.

Pero debo confesar que la Ley de Acceso a la Información otorga al ciudadano común y a los periodistas dominicanos unos mecanismos para ejercer un derecho que pocos funcionarios cumplen. Por lo tanto, esta norma pone en manos del ciudadano mecanismos concretos para reclamar, pedir, exigir y demandar informaciones específicas.

Hasta ahora, los funcionarios gubernamentales ofrecen a los ciudadanos y a la prensa las informaciones que ellos quieren, casi siempre bajo conveniencias políticas. En este sentido la opinión pública dominicana ha estado muy mal servida, con informaciones muy genéricas, parciales y con fines propagandísticos.

Tenemos ante nosotros lo que podríamos denominar El caso Huchi Lora. Este pone de relieve la importancia de la ley que comentamos, aunque debe anotarse que son muchas las solicitudes de informaciones encaminadas ante los organismos correspondientes que no han sido respondidas.

El balance hasta ahora de El caso Huchi Lora muestra un triunfo para éste, para los periodistas y para la sociedad en general. Los documentos que el ingeniero Diandino Peña y la Presidencia de la República deben entregar, unos 10, no han podido ser entregados. Personalmente creo que no hay tal negativa a mostrarlos al conocido periodista y productor de televisión. Creo que si el ingeniero Peña los tuviera como Huchi los pidió, aprobados por la secretaría de de Obras Públicas, ya los hubiera entregado.

Por consiguiente, me parece que el argumento de que la información solicitada no puede entregarse porque divulgarla atentaría contra la seguridad del Estado no pasa de ser un argumento de ocasión. Tampoco tiene mayor valor la “sofisticada” opinión de que no se cumplió con las instancias o el procedimiento previsto por la ley. Basta saber que los jueces, cinco jueces, examinaron las piezas presentadas con sus razones y sinrazones, consultaron la Constitución, los tratados y las leyes, incluida la Ley de Amparo, y en nombre de la República impartieron justicia.

En un verdadero Estado de derecho no hay más salida que cumplir con esta sentencia, como esta misma lo establece.

Mientras, todo me parece muy claro: no se cumple con esta sentencia porque ni la OPRET, ni el ingeniero Peña ni la Presidencia de la República están en condiciones de cumplir. Porque el Metro se construye sin planos aprobados por la secretaría de Obras Públicas.

(bavegado@yahoo.com)